Por primera vez, la Organización Médica Colegial (OMC), el Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) han unido fuerzas a través de una jornada y una declaración conjunta en la que resaltan el valor de la buena ciencia y su aplicación a la medicina clínica y rechazan el uso de pseudoterapias por su riesgo para la salud de los pacientes.
En la presentación del documento participaron el director general de Salud Pública y equidad en salud del Ministerio de Sanidad, Dr. Pedro Gullón; el presidente de la OMC, Tomás Cobo; la vicepresidenta 2ª y coordinadora del Observatorio contra la Pseudociencias de la OMC (OPPISS), Dra. Rosa Arroyo; la directora del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán; directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Izaskun Lacunza, y la investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Izaskun Lacunza.
Las organizaciones firmantes reprueban la utilización de técnicas o terapias sobre las que, o bien no existe evidencia probada, o sobre las que la evidencia existente concluye que no son útiles e incluso que pueden ser perjudiciales para la salud. La declaración pone de relieve que las prioridades en las políticas de investigación se basen en las necesidades de salud y bienestar y fomenten aquellos desarrollos e innovaciones que añadan valor sanitario y social; que las comunidades científica y clínica mantengan actualizadas sus competencias en metodologías de investigación, fomentando las iniciativas de colaboración ya existentes; y promover una mejor comprensión e interpretación crítica de la literatura científica en el ámbito profesional sanitario.
El documento también refleja la necesidad de aplicar los principios de la Ciencia Abierta para mejorar los procesos de revisión y publicación de los resultados de las investigaciones y poner a disposición de la ciudadanía de forma libre y gratuita el conocimiento científico, garantizando la validez de su metodología, el acceso a datos y la reproductibilidad; introducir cambios en la evaluación del desempeño de los grupos de investigación que prioricen la calidad y pertinencia de los trabajos, y no la cantidad de artículos publicados; y fomentar la transparencia, prevenir y evitar los conflictos de interés que afectan a la aplicación de la ciencia a la práctica clínica.
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