El juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha decretado una medida cautelar de alejamiento contra un paciente acusado de agredir a una médica en plena calle en la ciudad de Huelva mientras esta iba acompañada de su hija menor de edad. La resolución prohíbe al individuo, identificado como M.J.V.L., acercarse a menos de 200 metros tanto de la profesional sanitaria como de su hija.
La orden afecta también al “domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar que éstas frecuenten”. Además, no podrá comunicarse “por cualquier medio oral o escrito, incluidos mensajes de texto de teléfono móvil o a través de internet, o de terceras personas” con ambas. Las medidas estarán vigentes hasta que se dicte una resolución firme en el procedimiento penal por un presunto delito de atentado a la autoridad y lesiones.
Se trata de una persona con una enfermedad psiquiátrica y que está en proceso de incapacitación. La decisión judicial se produce después de que -tras la agresión en la calle- el presunto autor apareciera varios días en las inmediaciones del domicilio de la médico, generando el temor en el conjunto de la familia. Una circunstancia que la facultativo, con el respaldo jurídico del Colegio de Médicos, ha trasladado a instancias policiales y judiciales.
El juez ha considerado que existe una “situación objetiva de riesgo” para la denunciante -perteneciente al entorno hospitalario- y su hija. Ha comprobado el parte de lesiones y ha considerado la “gravedad de lo ocurrido”, ordenando como consecuencia la medida de alejamiento “para evitar que se repitan este tipo de hechos u otros más graves”.
Las medidas de alejamiento y prohibición de comunicación se aplicarán una vez el paciente reciba el alta del centro asistencial en Málaga donde permanece ingresado debido a su “situación inestable”.
El incumplimiento por parte del denunciado del alejamiento podrá dar lugar a “medidas cautelares que impliquen una mayor limitación de su libertad personal, sin perjuicio de las responsabilidades penales que del incumplimiento pudieran resultar, pudiendo incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial”, según la resolución judicial.