Hay que considerar que detrás de la violencia contra el
personal sanitario, existe un entramado causal de gran complejidad. El
sufrimiento y el dolor favorecen las situaciones de conflicto en la
comunicación médico-paciente, pero también el estrés profesional, la falta de
recursos y la sobrecarga asistencial que merman la capacidad del profesional
para afrontar este tipo de situaciones.
La concienciación a los profesionales que trabajan en el
entorno de los servicios de salud, la cooperación con las Administraciones
públicas -Ministerio de Sanidad, Consejerías de Salud de las Comunidades
Autónomas, Ministerio de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscalías y
Cuerpos de Seguridad del Estado - y la sensibilización de la sociedad en general
ante este grave problema, ha sido de gran ayuda para abordar esta lacra que
requiere de la unidad de todos.
La entrada en vigor, el 1 de
julio de 2015, de la reforma del Código Penal que contempla las agresiones a
sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la
autoridad, ha sido uno de los logros más importante en la lucha contra este
problema.
Por todo ello,
desde el Observatorio Nacional contra las Agresiones de la
OMC, pedimos:
DECÁLOGO
1- Que las agresiones sean consideradas como delito de
atentado contra la autoridad en el ámbito privado
al igual que en el ámbito público.
2- Que las agresiones tipificadas como delito contra
la autoridad tengan la misma consideración en
todo el territorio nacional.
3-Que las amenazas,
insultos e intimidaciones sean considerados agresión y, por tanto,
delitos contra la autoridad.
4-Que todos
los centros, tanto públicos como privados, cuenten con planes de prevención de riesgos laborales, establezcan protocolos de actuación ante las agresiones y contemplen medidas
de seguridad, tanto
en hospitales como en centros de salud.
5-Que las Administraciones sanitarias tomen medidas
especiales
en aquellos
casos en los que profesionales hayan sido agredidos con anterioridad.
6-Que las Administraciones junto
con el Interlocutor Policial
Nacional
Sanitario establezcan y coordinen programas de formación para que los profesionales adquieran las competencias necesarias a la hora de afrontar
situaciones de riesgo y/o conflictivas.
7-Que las Administraciones sanitarias promuevan campañas de sensibilización
y de concienciación a
la sociedad, de respeto
a los profesionales y
utilización responsable de los servicios
sanitarios.
8-Que se establezca un Registro Nacional de Agresiones a Sanitarios
con datos de
las
Administraciones sanitarias, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y Colegios profesionales
para
conocer con rigor todos los datos
y establecer
un mapa de riesgo para
una mejor actuación.
9-Que la calidad
asistencial
y la plena confianza en
la relación médico-paciente y con otros sanitarios no se vea empañada por
un problema de violencia.
lO-Que se cree un Plan Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, en la que participen todos
los
implicados: ministerios de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ministerio de Interior, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía General
del
Estado, Federación Española de Municipios y
Provincias, CC. AA, consejos generales de las profesiones sanitarias
y plataformas de asociaciones de pacientes.
